Casación decide si anula o avala la condena contra el “Víbora” Acuña

El asesinato de Josefina López, ocurrido en Concordia en el año 2015, no fue un caso policial más. La joven, criada en un contexto de pobreza y extrema vulnerabilidad social, estuvo desaparecida durante varias semanas. La comunidad, conmovida, se movilizó para reclamar por ella, hasta que finalmente su cuerpo fue hallado descuartizado en inmediaciones del paraje costero denominado Naranjal de Pereda.

La Policía detuvo a Juan Carlos “Víbora” Acuña, un hombre que ya había purgado condena por violación en provincia de Buenos Aires y que había recalado en Concordia formando pareja con una tía de Josefina. Acuña fue juzgado y finalmente condenado a prisión perpetua en el mes de Julio de 2017, por “HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO -por alevosía y femicidio-“.

Pero aún no está dicha la última palabra. El caso dista mucho de estar cerrado e incluso cabe la posibilidad de que todo vuelva a foja cero el próximo 2 de Agosto.

Alejandro María Giorgio y Sebastián Tito, defensores oficiales de Acuña, apelaron ante la Cámara de Casación Penal, solicitando que la condena sea declarada “nula”.

En la presentación escrita, Giorgio y Tito cuestionaron la sentencia “por considerarla a todas luces arbitraria, caprichosa, autocontradictoria y de una motivación aparente”. Argumentan que -a su entender- se realizó “una valoración fragmentada de los testimonios de cargo y de descargo” y se incurrió en “innumerables omisiones”. También afirman que el tribunal se apartó de “las reglas de la sana crítica”, además de haberse valorado “probanzas que debieron ser excluidas del proceso y que han sido de significativa importancia para fundamentar la condena”.

“La prueba inicial ilícita”, pieza clave del planteo de la defensa

El doctor Alejandro Giorgio, en diálogo con Oíd Mortales Radio, explicó cuál es -desde la óptica de la defensa- la prueba inicial “ilícita” que debilita el “plexo probatorio” en el que se basó el tribunal para condenar a Acuña.

“No fueron excluidas determinadas pruebas que habían sido derivadas de una prueba inicial que es ilícita, cual fue la obtención de una declaración -que la denominaron espontánea- del imputado Acuña, cuando estaba en la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada, y en presencia de funcionarios policiales”, contó Giorgio.

“Acuña dijo en la Sala Penal de Concordia y lo reiteró en Paraná que fue apremiado y que por eso fue obligado a declarar. Si bien se declaró la nulidad de esa declaración, no así las derivaciones” precisó el defensor.

En base a ello, Giorgio concluye: “En resumen, dicho con todo respeto, a nuestro entender los vocales del tribunal de Concordia manejaron en forma arbitraria una prueba y valoraron otras que no debieron incluir. Por tanto, hay motivos suficientes para decretar la nulidad de la sentencia”.

Según el defensor oficial, “hubo más de 60 pruebas periciales -de ADN sobre huellas digitales, sobre pelos, sobre semen, sobre ropa, sobre manchas de sangre, etc.- y ninguna, absolutamente ninguna, dio un resultado positivo. Por supuesto, tampoco hubo testigo presencial”.

Ante el Superior Tribunal de Justicia

Giorgio y Tito están decididos a recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia, en caso de que el próximo 2 de Agosto la cámara de Casación no les dé la razón.

“A los defensores nos queda todavía una instancia, similar a lo que ocurrió en el juicio a los policías por sedición” adelantó Giorgio, a la par que se mostró cauto respecto de lo que pueda resolver Casación: “Tenemos una esperanza moderada, porque hemos visto a través de estos años que Casación tiene un criterio jurídico, por decirlo de alguna manera, muy similar al de la Fiscalía. Entonces, nos cuesta bastante a los defensores revertir algunas situaciones”.

No hay “estado de derecho” sin respeto al “debido proceso”

Lo que está en juego en el juicio del femicidio de Josefina López es el respeto a esto que en derecho denominan “debido proceso”.

“No habría un estado democrático si no hay un debido proceso. Sin debido proceso iríamos a la inquisición, a la tortura, a que no haya ningún tipo de reglas. La primera base de un Estado serio es el debido proceso y para eso todo acusado debe tener un defensor, que custodie que se hagan las cosas dentro de las garantías constitucionales” fundamentó Giorgio.

“El rol nuestro -agregó- es garantizar que a cualquier persona se le brinde el debido proceso. De las cientos de causas que atendemos los defensores oficiales, prácticamente en ningún caso el defendido nos dice ‘soy culpable’. Siempre dicen ‘soy inocente’, lo sean o no lo sean. Nosotros tomamos como parámetro ver la prueba objetiva. Dejamos el hecho de lado, por más aberrante que sea -yo soy padre de familia y este caso es aberrante-, y valoramos objetivamente la prueba”.

Volviendo al caso concreto, Giorgio explicó: “Acá viene el señor Acuña y dice ‘a mí me apremiaron’. La verdad es que muchos acusados dicen lo mismo. Cuando vamos a constatar, hubo varias denuncias por apremios por este mismo caso. Y Acuña tenía denuncias por apremios con anterioridad a que tuviera contacto con los defensores oficiales. Por lo tanto, había indicios de que estaba diciendo la verdad. En base a eso, él mantuvo siempre su inocencia y nos dijo que le hicieron confesar porque había sido maltratado, torturado. Eso es lo que dijo él, en Concordia y en Paraná. Y cuando vamos a constatar la prueba objetiva, nos encontramos con que lo detienen en un allanamiento, pasa un par de horas y es ilógico que a las 3 o 4 de la mañana, en el despacho del jefe de policía, sólo ante funcionarios y sin la presencia de un juez o un abogado defensor, confiese. Suena a otros tiempos. Nosotros decimos que todo esto se enmarcó en irregularidades del debido proceso”.

“Afirmamos -insistió- que hubo más de 60 pruebas periciales – de ADN sobre huellas digitales, sobre pelos, sobre semen, sobre ropa, sobre manchas de sangre, etc. – y ninguna, absolutamente ninguna, dio un resultado positivo. Por supuesto, tampoco hubo testigo presencial”.

Que el hecho no quede impune

El defensor oficial Alejandro Giorgio aprovechó para aclarar que su tarea no apunta a que el crimen de Josefina quede impune sino que la actuación de la Justicia respete las garantías constitucionales:

“Decimos ‘yo puedo ser Acuña, usted puede ser Acuña mañana’. Aquí lo que estamos garantizando no es la impunidad del hecho. Aclaremos. Estamos defendiendo a la persona que me tocó defender. Quiero decir que si llega a salir a favor de nuestro defendido, que se siga investigando. No estamos defendiendo la impunidad del hecho. ¿Se entiende? En mi rol de defensor, me pagan para esto, me debo a la Constitución, al juramento y a la promesa que hice de ejercer lo más dignamente posible la profesión”.

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