El Fiscal Arias pidió 7 años de prisión efectiva para Larrocca

El abogado Julio Larrocca, vicepresidente 1° del Consejo Federal de AFA y presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, fue el primero en ser mencionado por el fiscal José Arias al momento de solicitar formalmente las penas en el juicio por la compra-venta de terrenos en la localidad de Puerto Yeruá, Departamento Concordia.

Esta es la casa de José Galarza, construida en uno de los terrenos en litigio

Esta es la casa de José Galarza, construida en uno de los terrenos en litigio

7 años de prisión efectiva, 10 años de inhabilitación para ejercer la matrícula de abogado, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos más el pago de 90000 pesos de multa, que es el máximo previsto hoy en el Código Penal, fue lo que solicitó el fiscal para el asesor letrado de esa comuna.

Las otras penas solicitadas

Para Fabián Terenzano, José Irribarren y Leonardo Galarza, según presenció este miércoles El Entre Ríos, solicitó 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, con una multa de 90 mil pesos.

Para Marcelo Larrocca Ruíz y Romina Filsinger requirió 4 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

En tanto, requirió 4 años de cárcel para Diego Sampellegrini y Guillermo Guevara; mientras que para Gustavo Graziano, acusado de encubrimiento, requirió una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Como última medida, solicitó el decomiso de los inmuebles de todos los imputados.

El momento del alegato del fiscal

La nueva audiencia se desarrolló este miércoles, desde las 8:50, en los Tribunales de Concordia. A diferencias de las jornadas precedentes, hoy estuvieron presentes todos los imputados: Julio César Larrocca (Vicepresidente 1° del Consejo Federal de AFA y presidente de la Liga Concordiense de Fútbol); Marcelo Larrocca Ruíz; Romina Filsinger; Leonardo Galarza; José Irribarren; Gustavo Graziano; Diego Sampellegrini; Guillermo Guevara y Fabián Terenzano.

A las 9 de la mañana comenzó la lectura del alegato de la parte acusatoria, a cargo del fiscal José Arias. Comenzó explicando que “tres funcionarios se pusieron de acuerdo” para sustraer terrenos del patrimonio municipal que administraban y transferirlos a terceros.

Aseguró que, para ello, llegaron a dictar normas y las acomodaron para sus fines. Indicó, ante el Tribunal, los 4 defensores y los imputados presentes, que se pusieron de acuerdo para no registrar los inmuebles en la Municipalidad en su contabilidad, a fin de crear un agujero negro.

“Los contratos de cesión de los terrenos manifiestan una connivencia”, observó y destacó el precedente de una ordenanza de 2002 que preveía el concurso público para entregar terrenos.

Más adelante, valoró que la Junta de Fomento supo actuar de manera legal, cosa que no sucedería más adelante. En 2002 la Junta llegó a librar una autorización expresa de qué terrenos se podían vender ya que, como recordó, sólo el Concejo Deliberante o Junta de Fomento con el visto bueno de dos tercios puede autorizar. Dijo que eso no se hizo con los predios en litigio.

Recordó que, en 2005, asumió Julio Larrocca como asesor letrado, con la nueva gestión del entonces intendente Fabián Cevey. En 2007, se aprobó una nueva ordenanza que ratificó las anteriores en cuanto al método que debía seguirse, pero mencionó que se agregó una autorización indefinida para vender terrenos con supuestos fines turísticos.

En la documentación hallada en el municipio, en el allanamiento hecho por esta causa judicial, solo aparecieron las cesiones a Leonardo Galarza, Romina Filsinger y Benítez. A los tres les hacen presentar notas prometiendo inversión turística. Arias enfatizó que fue todo un engaño acordado entre la Municipalidad y los beneficiados.

Párrafo aparte, hizo saber que también actuó irregularmente la provincia porque al escriturar los terrenos pasó por alto el decreto que especificara los predios que provincia transfirió al municipio. “Ese decreto nunca existió”, precisó por lo que consideró que las ventas a los particulares fueron directas violando la exigencia de la licitación o subasta pública.

Recodó que la licitación habría garantizado transparencia e igualdad de oportunidades y que los precios fueran razonables. “Si se toma la tasación de Cabrera, los imputados no llegaron a pagar ni el 5% del precio”, comparó y enfatizó que “no llegaron a pagar ni el equivalente a la comisión inmobiliaria”.

Sostuvo que obviaron la licitación pública para evitar los precios de mercado, abismalmente superiores. Destacó que la declaración de Gustavo Graziano vino a confirmar que lo pagó 70 dólares y lo vendía a 100 el metro cuadrado.

Mencionó que a Filsinger y Galarza se le vendió a 6,50 pesos el metro; a Iribarren a 5,21 pesos, pero en 2012 le venden a los pobres a 100 pesos el metro, es decir, más o menos el mismo precio que salía en los clasificados de El Heraldo. “Nada que ver con lo que pagaron los imputados”, resumió.

Profundizó el planteo e indicó que “a los pobres no les dan las escrituras, a los imputados sí”. Es decir, remarcó el trato desigual que recibieron unos y otros. A los pobres, precio de mercado y sin escritura; mientras que a los imputados precios viles y escritura definitiva.

Exhibió, a modo de ejemplo, el caso de un pobre que renunció al terreno para que le den el libre de deudas, es decir el pago al día de las cuotas, para sacar el carnet de conducir como le exigió la Municipalidad. (elentrerios)

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